Las comunidades indígenas y locales de Mesoamérica recibieron con preocupación el anuncio de $1.7 billones de dólares realizado por donantes públicos y privados en la Conferencia de las Partes de la CMNUCC; si estos fondos utilizan los canales tradicionales, fracasarán en alcanzar las primeras líneas de lucha contra el cambio climático. Mesoamérica plantea una respuesta: el Fondo Territorial Mesoamericano (FTM), un mecanismo de financiamiento territorial directo basado en derechos.
La Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), una plataforma de pueblos indígenas y comunidades locales que protege las áreas boscosas más grandes desde Panamá hasta México, presentó la iniciativa en Glasgow, Escocia, durante la COP 26. El lanzamiento se realizó el 10 de noviembre en Glasgow, Escocia, y contó con presentaciones de Andrew Davis, investigador de Fundación Prisma; Jorge Mario Rodríguez, Director de (FONAFIFO); Gustavo Sánchez, Presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Forestales Campesinas; y comentarios de Solange Bandiaky-Badji, Coordinadora de Rights and Resources Initiative (RRI); Nonette Royo, Directora Ejecutiva Tenure Facility; y Luis Felipe Duchicela, Asesor de Pueblos Indígenas de USAID.
“Durante años, gran cantidad de proyectos de cooperación internacional han llegado a nuestros bosques con sus fondos, pero nuestro acceso siempre ha estado mediado por terceros. Este modelo impone agendas que distan de las necesidades reales a las que nos enfrentamos en los territorios. Las comunidades hemos demostrado que sabemos gestionar nuestros recursos naturales, y los fondos deberían responder a esta visión”, afirma Levi Sucre, Coordinador de la AMPB.
El modelo mesoamericano basado en derechos ha dejado importantes lecciones y convierte a esta en una región de soluciones que llevan a la práctica la gobernanza territorial, incidencia política, conocimiento ancestral y derechos territoriales de las comunidades.
“Los pueblos indígenas son dueños de cerca del 8% del territorio nacional. Costa Rica desde 1997, mediante las transferencias por medio del programa de Pagos de Servicios Ambientales ha favorecido y fortalecido la capacidad y administración de manejo financiero directo a estos territorios. En este tiempo se han transferido cerca de $60 millones. El Fondo Territorial Mesoamericano que nos presenta la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques supone una nueva oportunidad para que las organizaciones indígenas y no indígenas puedan acceder a financiamiento directo y así que llegue a las comunidades más vulnerables”, apunta Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica.
El FTM inició su conceptualización con la experiencia de la AMPB, que ha llevado financiamiento comunitario a los pueblos indígenas y comunidades locales desde 2010 con el objetivo de potenciar la agenda territorial y el aprendizaje regional a través de un modelo basado en tres principios: derechos comunitarios, alianzas territoriales, y financiamiento vinculado a indicadores medibles contextualizados según la realidad comunitaria.
“El Fondo Territorial Mesoamericano está basado en la libre determinación de los pueblos para apoyar las prioridades que decidan los propios pueblos para manejar el territorio”, señala Gustavo Sánchez, Presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y miembro de la Comisión Ejecutiva de AMPB.
Este mecanismo se enmarca además en la Visión Shandia, propuesta por la Alianza Global de Comunidades Territoriales en Glasgow. Shandia es un ecosistema global de financiamiento comunitario directo basado en principios y precondiciones que busca canalizar fondos climáticos a través de mecanismos regionales como el FTM.
“Este es uno de los primeros mecanismos financieros regionales de y para pueblos indígenas y comunidades locales. Veo el Fondo Territorial Mesoamericano como una gran alternativa a los mecanismos climáticos tradicionales que han fracaso en llegar a los pueblos indígenas y comunidades locales. Los $1.7 billones [anunciados en la COP26] deberían ir a mecanismos directos como el FTM” afirmó Solange Bandiaky-Badji, Coordinadora de RRI.
Las tierras en manos de las comunidades de bosques tropicales secuestran más de 250.000 millones de toneladas métricas de carbono, y la falta de derechos seguros amenaza con liberar gran parte de este carbono a la atmósfera a través de la deforestación, apunta una nueva investigación presentada en la COP 26.
Sin embargo, las comunidades indígenas y locales han recibido menos del 1% del financiamiento para la adaptación y mitigación climática en los últimos 10 años.
