La experiencia de Guatecarbon demuestra cómo las comunidades organizadas pueden defender sus derechos, influir en las políticas nacionales y garantizar que los pagos por la protección de los bosques lleguen a quienes realizan el trabajo.
Aún no ha amanecido del todo en San Andrés, en el departamento de Petén, Guatemala, cuando Erico Fernando Chi Lainez ya está trabajando en la lista de tareas del día: llamadas que hacer, comida que empacar, equipo que probar. Como presidente y representante legal de la Asociación Forestal Integral San Andrés Petén (AFISAP) y líder comunitario del barrio Nueva Juventud, ha dedicado gran parte de su vida a proteger el bosque del que depende su comunidad. Algunas mañanas comienzan tras un escritorio. Pero hoy, regresa al territorio que protege.
Erico siguió los protocolos habituales para prepararse para esta visita de varios días a la concesión forestal de su organización. «Me reúno con la junta directiva, luego con el equipo administrativo y luego con el encargado de campo para acordar qué vamos a hacer», dice. Luego, casi con insistencia, añade lo que más le importa: «Coordino los asuntos administrativos, pero me gusta el trabajo de campo».
Desde el centro del pueblo, el viaje al corazón de la concesión no es un trayecto corto: puede tomar unas tres horas y media en la estación seca, y hasta siete cuando las lluvias convierten los caminos en corredores lentos y lodosos. Una vez que llegan, los equipos se instalan en campamentos forestales que les servirán de hogar durante días. Desde allí, patrullan para detectar riesgos de incendio, buscan indicios de tala o caza ilegal y revisan las cámaras trampa que graban discretamente la fauna moviéndose entre los árboles: la labor cotidiana de mantener en pie un bosque vivo.
Pago por resultados
La concesión de San Andrés es una de las diez que conforman el Proyecto REDD+ Guatecarbon, una iniciativa de carbono forestal desarrollado por concesiones comunitarias del Petén que desde 2006 busca reducir la deforestación mediante el manejo forestal comunitario y la conservación del bosque. En diciembre de 2025, Guatemala recibió su primer pago basado en resultados en el marco de su Programa Nacional de Reducción de Emisiones (PRE), apoyada por el Fondo Cooperativo para el Carbono (FCPF) de los Bosques del Banco Mundial. Este pago, vinculado a la reducción verificada de 4,84 millones de toneladas de emisiones de carbono en 2020, marcó un precedente importante, ya que fue la primera vez que el país recibió un pago por la protección de sus bosques a nivel nacional.
La protección forestal es una de las soluciones climáticas basadas en naturaleza más efectivas y factibles. Cuando se paga a los países por reducir las emisiones derivadas de la deforestación, se crea un incentivo financiero para mantener los bosques en pie. Los pueblos indígenas y las comunidades forestales cuidan y gestionan importantes extensiones de bosques tropicales y han demostrado ser unos de los guardianes forestales más eficaces. Sin embargo, estudios han demostrado que reciben menos del 1% de la financiación climática, uno de cuyos mecanismos son los pagos basados en resultados.
Para las comunidades forestales del Petén, la noticia marcó un hito tan esperado. A pesar de casi dos décadas protegiendo los bosques, reduciendo la deforestación y generando créditos de carbono verificados, este fue el primer desembolso bajo el sistema nacional. También representó un punto de inflexión después de un camino largo y muchas veces incierto. El financiamiento es el esfuerzo de las comunidades por conservar el bosque durante décadas finalmente empieza a ser valorado, señaló Erico.
Los jaguares son una especie endémica de la Reserva de la Biosfera Maya y de la zona del proyecto REDD+ de Guatecarbon.Garantizando los derechos de carbono sin derechos sobre la tierra
En Guatemala, no todos los pueblos indígenas y las comunidades forestales tienen reconocidos sus derechos territoriales. En el Petén, el derecho a los bosques se otorga como titulares de «concesiones forestales» en tierras que, en última instancia, son propiedad del Estado. Cuando Guatemala aprobó su Ley de Cambio Climático en 2013, no reconoció claramente a los concesionarios forestales comunitarios como titulares de derechos de carbono y, por lo tanto, de derechos a la reducción de emisiones generada en esas tierras.
Erico recuerda que el proceso comenzó luchando por el derecho a manejar un territorio más grande. “Nosotros como casco urbano no teníamos derecho a una franja de tierra más grande. Empezamos a reunirnos y a buscar cómo podemos tener tierra también, ¿por qué en qué otro lugar se ganaría la vida nuestra gente?”, relata.
Las personas que forman parte de AFISAP marcan los límites de su concesión forestal para advertirDurante años enfrentaron dudas de las autoridades sobre su capacidad de vivir por medio de la protección del bosque. “No creían en nosotros… decían que cómo íbamos a proteger el área si no teníamos recursos y además, a diferencia de otras comunidades, no vivíamos dentro del área”, recuerda. Sin embargo, tras insistir y organizarse, la comunidad logró que se les asignará una concesión forestal. Obtuvieron sus ingresos de la cosecha de productos forestales, lo que fue posible debido a su gestión forestal y a sus acciones para prevenir incendios, tala ilegal y caza furtiva en las tierras.
Una vez que los mercados de carbono surgieron como otra fuente de ingresos, los concesionarios forestales tuvieron que demostrar una vez más al gobierno que la protección y gestión de sus bosques contribuyen a la reducción de emisiones y, por lo tanto, al derecho a acceder a una parte justa de las ganancias vinculadas al carbono.
A través de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), los concesionarios se organizaron colectivamente para defender sus derechos. Un nuevo estudio de caso publicado conjuntamente por ACOFOP y Rainforest Foundation US documenta sus esfuerzos, desde la participación proactiva en el diseño del Programa Nacional de Reducciones de Emisiones de Guatemala hasta la realización de análisis técnicos y legales, propuestas de políticas, y la incidencia con legisladores, presidentes, y ministros de turno tanto como agencias gubernamentales para dar forma a la implementación y el monitoreo del programa nacional y al acuerdo de distribución de beneficios.
Sus esfuerzos condujeron a un avance clave: el Decreto 20-2020, que reconoció el papel de los «implementadores» —incluidos los concesionarios comunitarios— como beneficiarios elegibles de los pagos por reducción de emisiones.
Sergio Guzmán, asesor técnico principal de ACOFOP en materia de cambio climático, desempeñó un papel importante en estos esfuerzos desde que se unió a la organización en 2012. «No ganamos reconocimiento con esperanzas. Nos organizamos, apoyamos a construir empresas forestales comunitarias sólidas y demostramos con datos que estábamos reduciendo la deforestación. Al sentarnos a la mesa de negociación, no hablamos como beneficiarios, sino como socios que ya habían obtenido resultados. Así fue como ACOFOP logró el reconocimiento legal de nuestros derechos de reducción de emisiones,» mencionó.
Esta victoria política, subrayada por el reciente pago por resultados, es especialmente significativa en un momento en que los mercados de carbono suelen ser controvertidos. En todo el mundo, los pueblos indígenas y las comunidades forestales continúan a enfrentar violaciones de derechos a medida que los mercados de carbono se expanden. Los proyectos y programas REDD+ se caracterizan con frecuencia por consultas inexistentes y deficientes, falta de acceso a asesoramiento legal y técnico imparcial, derechos territoriales no reconocidos y en consecuencia de esto los derechos del carbono poco claros, desequilibrios de poder en las negociaciones y una distribución desigual de beneficios. En algunos casos, las comunidades han sido excluidas o nunca consultadas de las decisiones, incluso cuando los proyectos se ubican en sus tierras o cerca de ellas.
Guatecarbon destaca porque muestra un camino diferente que nació desde el territorio y con visión comunitaria. Se trata de un caso en el que los gestores forestales indígenas y comunitarios diseñaron e implementaron un proyecto desde cero mediante la organización interna y el desarrollo de sólidos sistemas de gobernanza. Además influyeron con éxito en la legislación nacional y obtuvieron reconocimiento formal como «implementadores» de actividades de reducción de carbono. Guatecarbon demuestra el valor de la acción climática liderada por pueblos indígenas y comunidades forestales, no solo a nivel local para proteger los bosques de la deforestación, sino también de una manera que promueve los objetivos climáticos nacionales y globales. Como resultado, para muchas organizaciones de la región, el caso de Guatecarbon se ha convertido en una referencia sobre cómo las comunidades pueden participar en los mercados de carbono teniendo condiciones más justas.
Cambiando el rumbo en Mesoamérica
No todos los pueblos indígenas y comunidades forestales de Mesoamérica se encuentran en la misma posición política o técnica que los del Petén. Algunos enfrentan protecciones legales más débiles, menos recursos técnicos o sistemas gubernamentales más centralizados.
La Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) y sus miembros siguen de cerca la expansión de los mercados de carbono en sus respectivos contextos nacionales y se han organizado para cerrar brechas de capacidad a nivel local, apoyando a sus miembros para abordar los desafíos específicos que enfrentan y así capacitarlos para participar en igualdad de condiciones en las negociaciones, garantizando que el diseño, los acuerdos de distribución de beneficios de los programas y proyectos sean equitativos y justos.
La publicación de la Guía Integral sobre Derechos y Transparencia en Mercados de Carbono y Proyectos REDD+ es una herramienta central desarrollada por AMPB que recoge las mejores prácticas y lecciones aprendidas para una participación efectiva de las comunidades en los mercados de carbono, escrita por y para los pueblos indígenas y comunidades forestales de Mesoamérica y el mundo. Han facilitado talleres utilizando esta guía con sus miembros en Panamá y Honduras (y próximamente también en Costa Rica y Guatemala). La organización ahora busca formalizar un programa de certificación específico para fortalecer a los equipos técnicos con capacidades clave a nivel territorial para responder con mayor eficacia a la proliferación de proyectos y programas en el contexto local.
Sergio ha sido uno de estos capacitadores, codirigiendo talleres con AMPB en Panamá y Honduras. AMPB ha sabido aprovechar su conocimiento y experiencia, y, por extensión, la de ACOFOP, para fortalecer la respuesta de las organizaciones pares frente a la creciente presencia de actores del mercado en sus territorios.
“Las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales en un proyecto REDD+ no siempre los afectan solo a ellos; si persisten, pueden convertirse en una tendencia preocupante con impactos de gran alcance en el sector”, advierte Sergio. “Lo mismo se aplica a las soluciones efectivas. Cuanto antes compartamos lo que funciona, cómo son las soluciones efectivas, junto con la capacitación y las herramientas adecuadas, más rápido podremos replicar y aplicar esos aprendizajes para avanzar hacia la equidad”.
Una promesa de equidad e integridad en los mercados de carbono
La experiencia de Guatecarbon deja una lección para el futuro de los mercados de carbono en la región. Incluso en contextos políticos complejos, las comunidades pueden empezar fortaleciendo sus propias instituciones, documentando su gestión forestal, y construyendo capacidades técnicas para participar en estos mecanismos. Con el tiempo, ese trabajo genera influencia. Guatecarbon no sugiere que los mercados de carbono sean simples o estén exentos de riesgos. Pero sí demuestra que cuando las comunidades están organizadas y técnicamente preparadas para tomar decisiones, pueden incidir en los sistemas nacionales y contribuir a que la financiación climática llegue a quienes mejor protegen los bosques.
El equipo de AFISAP se prepara para instalar una nueva cámara trampa en sus concesiones forestalesPara líderes comunitarios como Erico, ese proceso también implica responsabilidades compartidas. Desde las comunidades, el compromiso incluye administrar con transparencia los recursos y fortalecer las organizaciones que han protegido el bosque durante décadas, “A nosotros nos corresponde darle un buen uso a esos recursos que hemos recibido de Guatecarbon”, señala. “Los nuevos fondos fueron críticos para poder fortalecer nuestra capacidad operativa, con mejor equipo y personal para prevenir y combatir los incendios forestales”, explica. En su caso, AFISAP pudo comprar el nuevo 4×4 en el que estaba a punto de cargar a su equipo y material para su próximo trabajo de campo, que fue comprado para reforzar las labores de monitoreo en el territorio, que permitirá llegar a zonas más alejadas de la concesión. Los fondos también le dejaron a fortalecer las herramientas de monitoreo que estaban a punto de implementar, como las cámaras trampa, las cuales son utilizadas para registrar biodiversidad y detectar amenazas como la caza o la tala.
Pero también subraya que el éxito de estos mecanismos depende de un esfuerzo más amplio: del acompañamiento de aliados que han apoyado la protección del bosque y destaca el rol de los líderes y representantes de los pueblos indígenas y comunidades locales. Dice, “se necesita de la voluntad política para que los procesos sean más ágiles y menos burocráticos.”
Erico espera transmitirles a sus hijos su amor por el bosque, tal como sus padres se lo transmitieron a él. Aún recuerda de niño, caminando por el bosque junto a su madre y su padre durante la cosecha de chicle. «Vivíamos de los recursos del bosque», dice. En aquel entonces, no llevaban casi nada —solo aceite de cocina, sal y azúcar— porque el resto se podía encontrar o cultivar en el camino: pescado sacado de los arroyos, maíz, plátanos y camote que cultivaba su familia. Esos primeros viajes no solo le enseñaron a sobrevivir en el bosque. Le enseñaron lo que significa el bosque y por qué protegerlo es inseparable de proteger el futuro de las comunidades que dependen de él.
Ahora sale con sus seis hijos, siguiendo senderos familiares hacia la concesión. En las tierras de su familia han establecido un campamento sencillo, donde también crían pollos y cerdos. Cuando preparan sus maletas para el viaje, la lista es casi la misma que en su infancia: aceite de cocina, sal, azúcar. Y una cosa nueva, añade con un toque de satisfacción: el café.
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