Absolutoria a líderes indígenas y otros dirigentes comunales de cargos criminales

bagua-880x617Este Jueves 22 de Setiembre la Sala Penal de Bagua, Perú, absolvió a 52 dirigentes indígenas, acusados de la muerte de 12 policías durante una protesta en la Curva del Diablo, ocurrida 7 años atrás. El conflicto conocido como “El Baguazo” sucedió durante el segundo gobierno del ex presidente Alan García, el 3 de junio del 2009 en la región Amazonas.

Las protestas de las comunidades indígenas y tradicionales en contra de un decreto –realizado sin consulta previa e informada como lo exige la ley- que favorecería a grandes empresas transnacionales y mineras permitiéndoles el uso de la selva con el fin explotar grandes yacimientos de petróleo, gas y otros minerales, culminaron con la muerte de 33 personas, entre civiles y policías.

La lectura de la sentencia exoneró a los acusados de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, motín, daños agravados, disturbios, entorpecimiento de los servicios públicos, tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos, además de arrebato de armas de uso oficial y atentado contra unidades de transporte publico; por estos delitos la Fiscalía había solicitado la pena de cadena perpetua para 5 de los acusados, entre ellos Alberto Pizango, Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

La Organización Regional de los Pueblos indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) exhortó al Poder Judicial Peruano a abrir un proceso al ex presidente Alan García y a sus ministros, declarándolos como únicos culpables de lo que pasó en “El Baguazo”.

Todas las personas acusadas en el caso son líderes e integrantes de las comunidades indígenas. De acuerdo a un pronunciamiento del Frente Amplio Peruano, previo a la lectura de sentencia, “Lo único cierto y demostrado es que ellos como el resto de indígenas e hispanohablantes sufrieron un desalojo violento por parte de la Policía. Ellos defendían sus derechos territoriales”.

Este caso trajo a la luz pública la lucha constante que los pueblos indígenas y comunidades tradicionales libran en contra de las acciones de gobiernos, entes privados  e industrias extractivas, que buscan por todos los medios posibles despojarlos de sus tierras con la intensión de explotar los recursos naturales y generar ganancias monetarias, a  cambio de la degradación del bosque y el medio ambiente.

La sentencia de absolución es una victoria para el pueblo Awajún-Wampis y para todas las comunidades indígenas que han sido hostigadas, perseguidas, criminalizadas y asesinadas por defender sus territorios. Comunidades, asociaciones, alianzas y colectivos que trabajan incesantemente por el derecho a vivir en sus tierras ancestrales, defendiendo los bosques de la voracidad de corporaciones y empresas que buscan beneficiarse a costa de la extracción, destruyendo a la vez formas de vida basadas en la conservación y el uso tradicional de los recursos naturales.

Como lo menciona la AIDESEP en un comunicado con respecto al tema “No se puede condenar a personas inocentes cuyo único delito fue hacer valer sus derechos humanos fundamentales de intangibilidad territorial para pervivir como Pueblos con futuro”.